La forma más efectiva de obtener un resultado favorable en un procedimiento penal se logra a través de: 1) la inmediata intervención como defensa de los intereses de la persona imputada, a efecto de materializar la protección de sus derechos en todas y cada una de las etapas procesales y agotar todos los medios de defensa al alcance desde las etapas preliminares del proceso, así como de; 2) la investigación privada a cargo de la defensa para el esclarecimiento de los hechos imputados, ya que el único momento para reunir medios de prueba de descargo a favor del imputado es la parte inicial del proceso, de ahí que los elementos que no sean recabados en tiempo y forma, no podrán formar parte de la sentencia que resuelva en definitiva la absolución o condena del procesado.
Asesoría, acompañamiento y representación de victimas u ofendidos por delitos de alto impacto social, en carácter de asesores jurídicos privados. Brindamos representación desde el momento de la comisión del hecho delictuoso, acompañamiento en entrevista ante la autoridad ministerial, investigación privada coadyuvante, solicitud de reparación del daño, audiencias preliminares y de juicio.
Llevamos a cabo la representación de personas privadas de su libertad con respecto a sus solicitudes de beneficios penitenciarios, beneficios preliberacionales, permisos humanitarios y controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. Realizamos un análisis profundo de los efectos de las sentencias con un enfoque de protección de los derechos humanos del sentenciado que nos permite distinguir, ponderar y determinar los mayores beneficios, ya sean los previstos en las leyes estatales abrogadas, o bien en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La amplísima protección de derechos a favor de menores, incapaces, personas adultas mayores y mujeres víctimas de delito, procura garantizar una vida digna por medio de los ordenamientos penales del país, los cuales sancionan conductas como el feminicidio, la violencia familiar, sustracciones, retención de menores e incumplimiento alimentario.
El ordenamiento jurídico mexicano prevé la posibilidad de que la autoridad ministerial o judicial dicte medidas de protección de forma inmediata a favor de mujeres víctimas del delito en casos de extrema urgencia, para garantizar su integridad y el cese de estas conductas criminales de forma inmediata.
Representamos a ciudadanos mexicanos o extranjeros frente a detenciones provisionales con fines de extradición, proceso de extradición internacional, amparo penal contra incomunicación, tortura o traslado.
El ordenamiento penal mexicano recientemente incluyó en la legislación nacional, la posibilidad de atribuir y reprochar responsabilidad penal a una persona jurídica, por lo que las entidades colectivas deben implementar políticas encaminadas a generar acciones que garanticen el debido control en la organización, por medio de los denominados criminal compliance program, con el objeto de atenuar o eliminar su responsabilidad penal en caso de ser imputadas de un hecho aparentemente delictuoso. La empresa es un sujeto vulnerable para la comisión de delitos, por lo que debe contar con una representación penal adecuada para investigar, sancionar y procesar a los responsables de cometer delitos en su contra y garantizar el debido pago de la reparación del daño.
Contamos con asistencia jurídica las 24 horas, los 365 días del año, en caso de detenciones flagrantes, caso urgente u órdenes de arresto o aprehensión.
